Canarias acelera la tramitación de la discapacidad y alcanza su mayor ritmo de resoluciones en 2026:
El Gobierno de Canarias incrementa en un 33,3% las resoluciones de discapacidad en Las Palmas y un 83% en Santa Cruz de Tenerife en julio:
Una persona en silla de rueda en la pasarela de una playa.
La Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, mantiene durante 2026 el mayor ritmo de resolución de expedientes de discapacidad registrado hasta la fecha. Los datos correspondientes a los siete primeros meses del año reflejan una evolución positiva en la capacidad de respuesta de la Administración y apuntan a un nuevo máximo histórico al cierre del ejercicio.
Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico este miércoles, entre enero y julio se han dictado 15.921 resoluciones en todo el archipiélago. De ellas, 6.918 corresponden a la provincia de Las Palmas y 9.003 a la de Santa Cruz de Tenerife.
El Gobierno de Canarias destaca que, en el conjunto de la actual legislatura, se han superado ya las 50.000 resoluciones de discapacidad, una cifra que, según la Consejería, supone haber duplicado la capacidad de resolución del sistema respecto a ejercicios anteriores.
La provincia de Las Palmas mantiene una evolución ascendente
Los datos muestran una progresión continuada en la provincia de Las Palmas durante los últimos años. Mientras que en 2023 se emitieron 3.696 resoluciones, durante 2024 la cifra aumentó hasta 5.594, alcanzando 8.124 expedientes resueltos en 2025.
La tendencia continúa durante el presente ejercicio. En solo siete meses de 2026, la provincia ha registrado 6.918 resoluciones, lo que representa ya el 85,2 % del total contabilizado durante todo el año anterior.
Hasta julio, se han dictado 15.921 resoluciones, una cifra que ya representa el 94% de todas las emitidas durante 2025
La evolución también se aprecia al comparar los datos mensuales. En julio de 2025 se resolvieron 745 expedientes, mientras que en julio de 2026 la cifra ascendió a 993, lo que supone 248 resoluciones más, equivalentes a un incremento del 33,3 %.
Además, el Gobierno resalta los resultados obtenidos durante abril, con 1.177 resoluciones, y mayo, con 1.325, considerados los mejores registros mensuales alcanzados hasta ahora en esta provincia.
Santa Cruz de Tenerife supera en siete meses todo el volumen de 2025
La evolución resulta aún más significativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Entre enero y julio de este año se han dictado 9.003 resoluciones, una cifra que ya supera las 8.821 registradas durante la totalidad de 2025.
La comparación del mes de julio refleja igualmente este incremento. Si en julio del pasado año se resolvieron 1.067 expedientes, durante el mismo mes de 2026 la cifra alcanzó los 1.953, es decir, 886 resoluciones más, lo que representa un aumento del 83 %.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico subraya que los meses de mayo, con 1.461 expedientes resueltos, y junio, con 2.008, constituyen los mayores registros mensuales de toda la serie histórica en esta provincia.
Más capacidad de respuesta para el reconocimiento de derechos
La Consejería de Bienestar Social considera que estos datos evidencian una mejora sostenida en la gestión administrativa desde 2023, con un incremento progresivo de la actividad durante 2024, su consolidación en 2025 y una nueva aceleración a lo largo de 2026.
Según explica el departamento autonómico, el objetivo de este esfuerzo es agilizar la tramitación de los expedientes y reducir los tiempos de espera para las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad, un procedimiento que resulta determinante para acceder a diferentes derechos, prestaciones, recursos sociales y medidas de apoyo contempladas por la normativa vigente.
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El reconocimiento del grado de discapacidad permite, entre otros aspectos, acceder a determinados servicios sociales, beneficios fiscales, programas de empleo protegido, ayudas económicas y medidas de accesibilidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.