El Gobierno flexibiliza la normativa de los centros de atención a dependencia
Fuente: Diario Montañés, 8 de Enero de 2013
La reforma tiene un carctácter transitorio y tiene como objetivo hacerla más flexible, reducir la burocracia y aumentar la seguridad jurídica
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha modificado la normativa que regula los requisitos que deben cumplir los centros de atención a la dependencia y la discapacidad y el sistema de acreditación, para hacerla más flexible, reducir la burocracia y aumentar la seguridad jurídica.
Esos son, según el Gobierno, los objetivos de esta reforma, que tendrá carácter transitorio ya que se pretende diseñar a medio plazo una nueva normativa de acreditación que no parta de la anterior.
Por el momento, la regulación que entrará en vigor este mismo mes de enero, una vez publicada en el Boletín Oficial de Cantabria , modifica las ordenes aprobadas por el Gobierno anterior en 2008 y 2010.La primera regula los requisitos materiales y funcionales que tienen que cumplir los centros y la segunda establece los criterios y el procedimiento para acreditarlos.La Consejería explica en un comunicado que los requisitos de funcionamiento se han modificado aspectos puntuales para adecuar los tiempos de prestación del servicio a las necesidades de los centros y los usuarios.
También se flexibiliza el cómputo horario de profesionales de atención directa, un cambio que, según asegura, no supondrá «una merma en la prestación del servicio».En cuanto a los requisitos materiales, se «flexibilizan» las exigencias de velatorio y de servicios de enfermería y se modifica el régimen transitorio que afecta a aquellos centros que ya estaban en funcionamiento antes de que entrarán en vigor las dos órdenes.
Además, se modifica el régimen transitorio establecido para la acreditación de centros, que tendrán un plazo más amplio, concretamente hasta diciembre de 2014, para «alcanzar su total cumplimiento».
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy al sector el documento definitivo de esta nueva regulación, que ha surgido de las propuestas de un grupo de trabajo que se constituyó en marzo, el Gobierno creó este grupo de trabajo con representantes del sector, que le habían trasladado la «urgencia» de revisar la normativa, debido a que su «dispersión, complejidad y ausencia de criterios generales de interpretación y aplicación» estaba generando «un importante desgaste e inseguridad jurídica, en perjuicio de la explotación de los centros e incluso, de su viabilidad», asegura la Consejería.
Saénz de Buruaga ha subrayado que se trata de una modificación «participada, no impuesta, fruto de la suma de aportaciones y la conciliación de intereses». «Todo aquel que ha querido hacerlo, ha tenido la oportunidad de ser escuchado, participar y aportar», ha resumido. La vicepresidenta ha hecho además hincapié en que estos cambios cumplen con la finalidad «de cooperar a la sostenibilidad y equilibrio del sistema en un momento complejo, en el que todas las partes han de sumar esfuerzos».
El grupo de trabajo seguirá abierto con el fin de diseñar la nueva normativa que se pretende aprobar a medio plazo e incluso un nuevo modelo de servicios sociales adecuados a las necesidades de apoyo a las personas con dependencia «orientado a resultados y sostenible».
La modificación ha sido presentada por la consejera a representantes de la Asociación Cántabra de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), el Comité de Entidades de Representantes de Discapacitados de Cantabria (CERMI) y la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (ACESDE).