El sistema residencial en España está integrado por 6.831 centros residenciales, el 76% de ellos dirigidos a personas mayores, el 21% a personas con discapacidad y un 3% del total de centros que son de carácter mixto.
Así lo desvela el primer censo de centros residenciales en España, presentado este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que precisó que se trata de un análisis, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que recopila información de todos los centros residenciales que hay en España dirigidos a personas mayores y a personas con discapacidad, tanto de ámbito público como privado.
La presentación de este informe tuvo lugar en la sede principal del Imserso, en Madrid, y contó con la presencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; de la directora general del Imserso, Mayte Sancho, y de la subdirectora de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Esther Pérez de Vargas, que fue la encargada de detallar las características metodológicas con las que se ha elaborado el censo, así como sus conclusiones.
En el transcurso de su exposición, Pérez de Vargas puntualizó que, en el caso de los centros dirigidos a personas mayores, el 75% de los centros residenciales son de titularidad privada, frente al 25% de titularidad pública y, en el caso de los destinados a personas con discapacidad, el 80% son de titularidad privada frente al 20% pública.
Según los modelos de gestión, solo un 14% de los centros dirigidos a personas mayores tienen titularidad y gestión pública y solo un 13,7% en aquellos centros dirigidos a personas con discapacidad.
CASI 400.000 PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES
Además, el sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores distribuidas entre 5.188 centros y para las personas con discapacidad hay 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros. Eso implica una media de 73,5 plazas por centro en los dirigidos a personas mayores y una media de 34 plazas por centro en los dirigidos a personas con discapacidad.
En relación con el perfil de los residentes, en los centros de personas mayores el 70% de las personas que residen son mujeres y en los centros para personas con discapacidad el porcentaje de mujeres es del 41,6%.
El 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años mientras que en los centros dirigidos a personas con discapacidad el 84,9% son menores de 65 años.
TRABAJADORES
Por lo que se refiere a los trabajadores, más del 95% es personal de plantilla, independientemente del tipo de centro, si bien el 86% del personal son mujeres en los centros de personas mayores y en los centros dirigidos a personas con discapacidad el porcentaje de mujeres es del 78,4%.
En los centros de personas mayores, el 57% del personal corresponde al primer nivel de atención, el más próximo al usuario, lo que da una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente. Estos datos, en el caso de centros dirigidos a personas con discapacidad, son del 58,3% del personal dedicado al primer nivel de atención, lo que arroja una ratio de 0,52 trabajadores de primer nivel por residente.
EL CENSO
A la luz de estos resultados, durante su intervención, Martínez defendió que este censo “representa un paso más para mejorar las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales”, convencida de que la información recogida en el documento va a permitir “ampliar” el conocimiento sobre la situación de la atención residencial a personas mayores y a personas con discapacidad en situación de dependencia.
“Este análisis surge por la falta de datos en este ámbito, sobre todo de información agregada a nivel nacional, algo que se evidenció especialmente durante la pandemia de la covid-19”, subrayó, al tiempo que celebró que, tal y como ha anunciado, este censo se haya “incorporado” al Plan Estadístico Nacional 2021-2024 como una operación que se irá realizando de forma periódica y cuya ejecución recae en el propio Imserso.
A este respecto, quiso “agradecer” a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito, “su colaboración y compromiso con el proceso de recogida de datos” y valoró que este censo “es un ejercicio de transparencia que está abierto a toda la ciudadanía”, sabedora de que va a hacer posible tomar decisiones “con mayor confianza” así como disponer de más información a la hora de elegir un centro.
Junto a ello, juzgó “fundamental” contar con datos estadísticos, como los recogidos en este informe, ya que, a su entender, ofrecen una “información valiosa” para evaluar “adecuadamente” la situación actual y, al mismo tiempo, “avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia”.
CONOCER CÓMO SE AVANZA EN LOS TERRITORIOS
Rosa Martínez se refirió también al acuerdo adoptado en 2022 por parte de las comunidades autónomas en Consejo Territorial en el que se establecieron directrices comunes que permitan avanzar hacia servicios residenciales de calidad, lo que aprovechó para apuntar que este censo permitirá “conocer cómo se avanza en los distintos territorios hacia este modelo”.
Por su parte, Mayte Sancho resaltó que este censo ofrece información “detallada, clara, transparente y accesible” y remarcó que supone una herramienta para la toma de decisiones en la planificación gerontológica y en el sistema de protección social.
“Merece la pena invertir en medidas así, hay que fomentar el uso de datos fiables. No obstante, esto es solo un primer paso. Nuestro objetivo es tener un mapa más detallado de los recursos disponibles en cada territorio”, resolvió la directora general del Imserso.