Garantizar el acceso laboral de las personas con discapacidad a puestos elevados de la función pública, clave para lograr una sociedad inclusiva:

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE y el Grupo Social ONCE, han celebrado este viernes la II Jornada ‘La diversidad en la función pública: acciones para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos del Grupo A’, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar el acceso laboral de las personas con discapacidad a los puestos elevados de la Administración.

Este encuentro, que ha tenido lugar de manera presencial en el salón de actos de la Fundación ONCE en Madrid, también ha podido seguirse de manera telemática a través del canal de YouTube de la Fundación.

La apertura institucional de la jornada ha corrido a cargo del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; el director general de derechos de las personas con discapacidad y director del Real Patronato sobre discapacidad, Jesús Martín Blanco; y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.

Durante su intervención, Martínez Donoso ha recordado el papel clave de la formación y el empleo para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. En este sentido, ha abogado por “aumentar la población activa, ofrecer más empleo de calidad, concienciar a las empresas y romper prejuicios”, así como por poner en marcha “planes de acción claros para fomentar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad” y cubrir así una demanda real de estas personas.

Por su parte, Pérez Bueno ha destacado la necesidad de que las personas con discapacidad formen parte de las administraciones públicas, “no solo para dar satisfacción a esas personas, sino también para hacer mejor el servicio público y la Administración”. A este respecto, ha destacado tanto el “elemento de escaparate” que supone para la diversidad, como el estímulo que da a las personas con discapacidad que “tienen afán de servicio público”. Además, ha abogado por trabajar para resolver las barreras que estas puedan encontrar no solo en acceso a la función pública, sino en su desarrollo profesional cuando ya forman parte del funcionariado.

En los mismos términos se ha manifestado Martín Blanco, para quien es necesario “velar y observar la permanencia, el progreso y la participación” de las personas con discapacidad en la Administración. Según ha dicho, “las medidas de acción positiva en el acceso al empleo público deben ir acompañadas de apoyo permanente”.

Finalmente, Mapelli Marchena se ha referido a los desafíos a los que debe hacer frente el planteamiento de las políticas de reclutamiento, como garantizar que la información llegue a todos los candidatos por igual o mejorar las ayudas al reclutamiento y los procesos de selección. “Tenemos que ser conscientes desde las administraciones de que somos los organizadores que convierten en reales los derechos fundamentales”, ha concluido la secretaria de Estado.

Seguidamente, se ha dado paso a la jefa de la unidad técnica de la dirección general de Función Pública, María Sánchez Ozamiz, que ha centrado su intervención en las acciones de la administración general del Estado para favorecer la diversidad en las administraciones. En este sentido, se ha mostrado optimista con los avances que se han dado en las últimas décadas en cuando a la discapacidad y ha celebrado que, en la actualidad, la diversidad sea concebida como “una oportunidad para enriquecernos como sociedad”. Además, ha animado a las personas con discapacidad a dirigirse a la Administración para trasladar sus necesidades porque, “ahora, más que nunca, está dispuesta a escucharnos”.

La apuesta de las Administraciones públicas por el talento de las personas con discapacidad ha sido el tema abordado por la subdirectora de selección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), María José Blanco Antón; la directora general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González; y el vicesecretario general Comisión nacional del Mercado de valores (CNMV), Sergio García Domínguez.

En este espacio de reflexión, los ponentes han desgranado las medidas puestas en marcha desde las distintas administraciones, más allá del cupo de plazas reservado, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la función pública en igualdad de condiciones y fomentar su participación en los procesos de selección. Para ello, han destacado la importancia de trabajar en la captación, la selección y la retención de ese talento, a través de la colaboración con entidades del tercer sector o la escucha activa a los trabajadores, entre otras; o de garantizar las adaptaciones de tiempo y medios necesarios y resolverlas en un corto plazo de tiempo.

SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA

La segunda parte de la jornada ha comenzado con una exposición de las alianzas con las academias de oposiciones para una formación inclusiva. En la mesa redonda han participado la directora de relaciones instituciones del Grupo CTO, Pilar Sánchez Díaz; la coordinadora general de área de oposiciones del Grupo CEF-UDIMA, Ángela de las Heras Miguel; la responsable de sostenibilidad, relaciones institucionales del Grupo Northius, Héctor Pérez Montagut; y la responsable de empleabilidad del Grupo Medac-MasterD, Amaia Cañas Urbizu.

Todos los ponentes han coincidido en poner de relieve la personalización como principal herramienta para adaptar el entorno de formación a personas con cualquier tipo de discapacidad. Además, se han referido a la evolución y adaptación del sector de los centros y academias en los últimos años, con el objetivo de favorecer su acceso a la función pública para que esta sea, cada vez más, más “diversa y empática”.

MESA REDONDA Y CLAUSURA

Finalmente, y como broche final, ha tenido lugar una mesa redonda sobre experiencias inspiradoras en la que han compartido sus historias el fiscal de la Fiscalía provincial de Valencia, Héctor Melero Martí; el graduado en medicina y opositor del MIR, José Airán Fernández Rodríguez; la letrada de las Cortes Generales (Senado), Clara Garrido Criado; y el técnico de la dirección de comunicación de la CNMV, Manuel Béjar Ágrela.