La digitalización es un factor positivo para el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, pero ha de ser un proceso participado, según el CERMI:
Los soportes y canales digitales pueden favorecer el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, democratizando este servicio público esencial, pero la digitalización de la Administración de Justicia ha de ser un proceso gobernado y participado por todos los grupos interés, incluido el de la discapacidad:
Imagen de la portada de la jornada “Democratización digital de la Justicia: personas con discapacidad y menores”, organizado por la Fundación ICAM Cortina y el Centro de Estudios Garrigues.